La experiencia diferencial de género en el espacio urbano.
Breve referencia al caso de Quito
The
differential gender experience in urban space. Brief reference to the case of
Quito
Patricia
Palacios Jaramillo 
The
differential gender experience in urban space. Brief reference to the case of
Quito
Patricia
Palacios Jaramillo
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Central del Ecuador, Ecuador
Recepción: 12 – Diciembre –
2022
Aprobación: 24 – Abril – 2023
Publicación
online: 30 – Junio – 2023
Citación: Palacios Jaramillo, P. (2023). La experiencia
diferencial de género en el espacio urbano. Breve referencia al caso de Quito. Maskana,
14(1), 23 – 39.
https://doi.org/10.18537/mskn.14.01.02
Las ciudades y el
espacio urbano, en tanto construcciones humanas, reflejan la historia,
estructura y relaciones de la sociedad que las produce. Estas relaciones son
específicas según el contexto espacial, temporal y cultural, y son
fundamentalmente relaciones de poder.
Aunque todas las
personas producen ciudad y, en teoría, todas tienen igual derecho a ella, tal
producción y la experiencia de vida urbana es diferente, pero, sobre todo, desigual
según la condición del sujeto social del que se trate.
En documentos y
declaratorias internacionales referidas a la situación de las mujeres en las
ciudades o a las políticas públicas locales de equidad de género, como son la
Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad (FMM,
[2004] 2012), la Declaración Política del Foro Social Urbano Alternativo y
Popular (FSUAP, 2014), el documento Gender
Equality and the New Urban Agenda (UN-Women, 2016) o la Nueva Agenda Urbana (ONU-Hábitat, [2016]
2017), se identifican múltiples desigualdades que afectan de manera crítica a
las mujeres en el espacio urbano, destacándose: el acceso a la propiedad de la tierra y la
vivienda; el acceso al poder o a la toma de decisiones sobre el hábitat; y la
experimentación de las violencias de género tanto en el espacio público como en
el privado.
Desde la
perspectiva del urbanismo social y de la planificación de género se advierte
que en las ciudades se producen y mantienen desigualdades que afectan de manera
constante, transversal y multidimensional a la mayoría de sus habitantes; de
est a manera, se revela la existencia de un sistema relacional de privilegio/desventaja que subyace
a la dinámica urbana que, para el caso de las mujeres, se traduce en el
diferencial ejercicio de su ciudadanía, del derecho a la ciudad y del acceso a
los beneficios de la vida urbana. Dicha constatación pone en cuestión la
supuesta neutralidad de las intervenciones urbano-arquitectónicas esgrimida por
profesionales y políticos sobre el hábitat urbano y la ciudad.
Ignorar el
funcionamiento e impacto del sistema de género en las ciudades y no asumir
responsabilidades al respecto, refleja dificultades metodológicas en la
comprensión del problema, sobre todo al buscar abordajes alternativos por parte
de los actores urbanos, especialmente, la academia.
Es indispensable, para
el cambio de la situación de género en la ciudad, poner en evidencia la
experiencia diferencial de las mujeres en el espacio urbano y la integración
consciente de sus propuestas a los procesos individuales y colectivos de
producción y apropiación del espacio, así como a los procesos de planificación
e intervención urbanas. Por su relevancia constituyen el objetivo principal del
presente estudio que busca tener utilidad práctica para la enseñanza del
urbanismo.
En consecuencia,
consideramos que para comprender dicha experiencia resulta necesario relacionar
estos constructos sociales –género y espacio urbano– mientras que, para
transformar la realidad urbana inequitativa desde la perspectiva de género,
interesa, por una parte, comprender los entramados del problema y, por otra,
tener conciencia tanto de cómo cada cual está afectado/a por dicha situación,
como de la capacidad de
acción que se tiene para revertirla[1].
El artículo se estructura en cuatro secciones
principales: la que problematiza la producción del espacio urbano y las
desigualdades de género; la que plantea algunas propuestas feministas para
abordar lo urbano; la que hace breve referencia al caso de Quito; y las
conclusiones.
2. Producción de espacio,
desigualdades sociales y de género
La
teoría social del espacio irrumpe a mediados del siglo XX poniendo en cuestión
la perspectiva eminentemente formal y funcionalista en el análisis del espacio,
y coloca en el centro de la problemática urbana: la relación espacio-sociedad;
de esta manera, se desarrolla una batería conceptual y metodológica potente
para explicar la ciudad y el espacio urbano (Ramírez, 2010). En esta nueva
perspectiva son clave los aportes de Henri Lefevre desde la crítica marxista al modo de producción y a la
urbanización capitalistas, especialmente en sus obras El derecho a la ciudad
(1967) y La producción del espacio (1974).
En
ellas se desvirtúa la supuesta condición pasiva del espacio y se postula que
este es, a la vez, producto de dichas relaciones y fuerza productiva. El
espacio producido por la interacción humana en un determinado tiempo-espacio
deviene en espacio social. Y en estas relaciones sociales de producción de
espacio participamos todos y todas de manera diferencial. La interacción
socioespacial que cada cual desempeña y experimenta cotidianamente de manera
física y simbólica constituye su práctica espacial concreta. Cada sociedad
produce un espacio específico según el contexto temporal e histórico.
Siguiendo
a Lefebvre, las diferencias relacionadas con la producción del espacio se
expresan en la realidad urbana como desigualdades, reflejando la división
social del trabajo y el inequitativo acceso, apropiación, redistribución del
espacio, de la riqueza producida socialmente y de los beneficios de la vida
urbana. Con esto, se entiende a ese espacio socialmente producido como un lugar
de confrontación que genera resistencias o potencia la lucha social portadora
de cambio. Así lo reconocía, en 1974, al afirmar que “el espacio [...] ha sido
siempre político, pero ahora lo es más que nunca” (p. 222).
A
partir de esta comprensión del carácter político del espacio y su producción
Lefebvre ([1967] 2017) analiza la vida cotidiana moderna y la crisis urbana
capitalista; también, propugna el derecho a la ciudad de quienes padecen las
mencionadas desigualdades, que son quienes confrontan al poder y resisten, pues
es justamente en esta fuerza socioespacial en la que radica el germen del
cambio de las relaciones de fuerza y la capacidad de crear o reinventar el
espacio y vida urbana para, en ese mismo acto, autotransformarse como sociedad.
El
Foro Social Urbano Alternativo y Popular reunido en Medellín-Colombia dejó
constancia del avance de la conciencia social en cuanto a que en la
urbanización capitalista están las causas de la profundización de las
inequidades sociales en las ciudades y del despojo del valor del espacio
producido socialmente. Además, evidenció que existen resistencias y que solo desde
los sectores sociales populares y empoderados es posible la construcción de
“ciudades para la vida digna”, como reza su Declaración Política:
Convocamos
a todas y todos a disputar el territorio urbano que nos merecemos, a empezar
ahora mismo la realización de un proyecto de ciudad fundamentado en la
redistribución de la riqueza, los derechos humanos, medioambientales y de los
bienes comunes, y la responsabilidad de los habitantes de ser constructores y
gobernadores reconocidos de los territorios, no meros clientes-usuarios (FSUAP,
2014,
párrafo 4).
Esta declaración revela
el autorreconocimiento generalizado por parte de los sectores populares
urbanos, de su condición de productores de ciudad y de su capacidad creadora y
reinventora del espacio urbano, y que su acción, además de ser un derecho,
tiene una naturaleza político-cultural, pues implica la disputa de sentidos
sobre el espacio y la vida.
En síntesis, el
concepto de derecho a la ciudad; la demostración de la correlación entre los
sistemas de espacialidad, modo de producción y relacionamiento social, en que
el espacio urbano es considerado el “producto ideológico de la sociedad
capitalista” (Navas, 2018, p. 33); y, la contradicción
entre valor de uso y valor de cambio subyacente al espacio urbano resultan
aportes cruciales de Lefebvre ([1967] 2017) al pensamiento crítico urbano
opuesto al hegemónico del sistema capitalista neoliberal.
Por su parte, el
feminismo, en su esfuerzo por descifrar la especificidad de la experiencia
espacial de las mujeres, las formas de su resistencia y el papel jugado en las
luchas sociales y urbanas:
-
Puso
de manifiesto la prevalencia histórica del patriarcado en los diversos modos de
producción y en las relaciones sociales en general. Como afirma Federicci (2004, p.17), “abrió camino para la reinterpretación de la
historia del capitalismo y de la lucha de clases desde un punto de vista
feminista”.
-
Puso
en cuestión la dicotomía de lo público y privado en la vida y en el espacio
demostrando que el sistema patriarcal de género se manifiesta en ambos, los
constituye de manera interrelacionada, trasciende sus aparentes fronteras, es
decir, es un continuum de poder en
permanente readaptación (García, 2000) ejercido en todos los ámbitos de
interacción social: no solo sobre las mujeres, sino sobre todas las identidades
genéricas que existen.
-
Evidenció
que lo aparentemente personal, como la experimentación de la violencia
intrafamiliar, las violaciones y feminicidios, no son asuntos privados, sino de
interés y responsabilidad pública. En este sentido, lo personal deviene en
político, pues enfrenta al sistema de poder patriarcal, resiste, se rebela y
requiere contestarse o resolverse en la esfera política profunda de la
emancipación, el empoderamiento, la autodeterminación, la ciudadanía y el
derecho a decidir sobre la vida, el cuerpo, la reproducción, la sexualidad, el
trabajo y el desarrollo individual y colectivo.
3. Aproximaciones de género al
espacio urbano
Si bien para el
feminismo es un ejercicio de larga data el intentar desentrañar la relación
entre los sistemas de género y de producción de espacio, desde el pensamiento
urbano no se ha dado un proceso correlativo o proporcional.
Según lo advierte
Beebeejaun (2017), la crítica feminista de la teoría y de la planificación
urbanas, a partir de los años 1970, ha constatado que “los planificadores
urbanos crean entornos de género que se adaptan predominantemente a las
necesidades de los hombres y de la familia heteronormativa” (p. 323)[2].
También afirma que el género sigue siendo un enfoque descuidado para la teoría
y la práctica de la configuración de las ciudades y ha evidenciado a autores
con perspectiva neolefebvriana sobre el derecho a la ciudad que “subsumen el
género dentro de la ciudadanía urbana en lugar de teorizar el género como una
dimensión estructurante de las identidades de las personas” (p. 325).
Valdivia (2018) revela
que
las formas convencionales del diseño, legado de los
principios del movimiento moderno y basadas en la división sexual del trabajo
[…y de la] concepción dicotómica de la esfera pública y la esfera privada y del
trabajo productivo frente al trabajo reproductivo derivan las decisiones sobre
la forma de la ciudad, la distribución de usos en el espacio, las inversiones
públicas en infraestructuras y transporte, la concepción de los espacios
domésticos, etc., que contribuyen a potenciar el funcionamiento del sistema
productivo más que a facilitar las tareas necesarias para la reproducción
social y la organización de la vida cotidiana (p. 70).
De
lo anterior se colige cómo opera e incide el sistema de género en la
configuración espacial, pero también cómo el diseño urbano resulta funcional y
conveniente al sistema de género y al sistema productivo imperantes al dar por
sentado los roles de género y usos diferenciales del espacio.
Otra reflexión incisiva, esta vez sobre “la casa” –aquel
espacio primigenio de constitución del sujeto y su identidad–, espacio en que
se asignan y aprenden comportamientos diferenciales según género y un conjunto
de relacionamientos sociales, lleva a García (2000) a postular, en primer
lugar, que “todo espacio habitado se constituye en un espacio
de poder. La casa también lo es: espacio lleno, cercado, con un tiempo y
cimentado en relaciones, todas ellas relaciones de poder” (p. 218); y, en
segundo lugar, a revelar cómo “el diseño arquitectónico somete,
enseña a someterse y a someter; provoca resistencias [...]. Hace a los
sujetos” (p. 221).
Tales
revelaciones corroboran la
interdependencia entre espacio-sujeto, espacio-familia, y la correspondencia
entre el tipo de espacio diseñado, construido, usado o habitado por un
determinado extracto social, una determinada composición y organización
familiar en un determinado momento. Dicha correlación permite evidenciar las diferencias
y desigualdades socioespaciales en la ciudad, el tipo de paradigma habitacional
que se impone y los diversos paradigmas habitacionales en disputa. El paisaje
urbano testimonia la diversidad y la tensión social sobre el espacio.
3.1
Algunas contribuciones al pensamiento urbano feminista
Si
bien es necesaria la crítica feminista a la arquitectura y urbanismo
hegemónicos, también lo son las reflexiones que ayudan a contrarrestarlos y
aportan a producir espacio urbano igualitario.
Beebeejaun
(2017), además de poner en cuestión los estudios urbanos ciegos al género,
recupera propuestas de varios autores en torno a la necesidad de “enfocar la
mirada sobre las prácticas espaciales cotidianas para obtener información vital
que demuestre cómo las reivindicaciones en torno al espacio urbano y el
ejercicio de los derechos están inherentemente relacionadas con el género” (p.
323). Esta práctica espacial se ve “reflejada en los usos que ejecutan las
mujeres en el espacio, tanto en la esfera privada como en la pública”, como lo
señala Navas (2018, p. 33).
Adicionalmente,
Beebeejaun (2017, p. 326) recoge la propuesta de Michael de Certeau (1984)
sobre la necesidad de oponer a la planificación urbana tradicional –entendida
como estrategia impuesta desde arriba, que jerarquiza los espacios y se basa en
teorías, estadísticas y concepciones interesadas sobre la ciudad– otra visión
que muestre en la práctica espacial cotidiana de las personas, la pertinencia
de sus tácticas espaciales, el dinamismo del espacio urbano, el ejercicio de
derechos sobre él y cómo dicha práctica resulta emancipatoria y transformadora
del espacio urbano. Propone entender la práctica espacial del “caminar”, no
exclusivamente como opción de movilidad peatonal en la ciudad, sino como
táctica espacial y acto político, interactivo, de resignificación del espacio
urbano en el día a día de las personas:
El
alcance de las tácticas espaciales para desafiar las jerarquías sociales es
observable al comprender que estas actúan como intersecciones donde los derechos
de grupo se entrelazan con los actos individuales de resistencia. Proporcionan
más que un espacio de reproducción de las desigualdades, uno de resistencia
(Beebeejaun, 2017, p. 327).
Haciéndose eco de
varios estudios feministas, Beebeejaun considera a las aceras como espacios de
micropolítica, pues allí es donde cotidianamente las mujeres implementan sus
tácticas espaciales, reinstauran acuerdos de convivencia social, desafían
órdenes y subvierten jerarquías (2017, p. 327).
Beebeejaun propone
observar las desigualdades de género en el espacio público y en el ejercicio
del derecho a la ciudad: “la inclusión, el acceso y la seguridad [que] se
producen dinámicamente a través del espacio y se negocian en conjunto con otras
personas” (p. 324) y las desigualdades de género, sobre todo, en “los espacios
cotidianos que son a menudo pasados por alto [pero donde] podemos reconocer
procesos de negociación, desafío o apropiación que median las prácticas
espaciales cotidianas y donde las relaciones de género se crean
discursivamente” (pp. 330-331). Por lo tanto, analizar la vida cotidiana
resulta necesario pues esta es “una negociación compleja donde los conceptos y
prácticas de ciudadanía, exclusiones y prejuicios se experimentan y se
reconstituyen con otros habitantes urbanos” (p. 325).
También, dentro de esta
perspectiva, las tácticas espaciales que se configuran en el caminar individual
y colectivo de las mujeres en la ciudad devienen no solo objeto de estudio
necesario para entender su situación, las desigualdades que les afectan y
fundamentar una planificación urbana promotora de equidad de género, sino una
posibilidad concreta para resistirlas, para ejercer su emancipación y la de la
sociedad en su conjunto. Además, se plantea observar las experiencias de apropiación
del espacio por parte de las mujeres, puesto que dicha apropiación es
interpretada, entre otras, “como la afirmación que los desposeídos emplean para
desmontar la reducción de la ciudad al ámbito del control y la mercancía”
(Navas, 2018, p. 45).
Finalmente, Beebeejaun
(2017, p. 325), basada en The
right to the city: Social justice and the fight for public space de Mitchell (2003),
advierte que las jerarquías y desigualdades que se revelan en las luchas por el
espacio urbano evidencian un orden excluyente, la consiguiente disputa y
negociación en torno a él, así como el disímil potencial emancipatorio del
espacio público para los diferentes actores, entre los que se hallan las
mujeres, pues no ejercen por igual el derecho a la ciudad ni la vida cotidiana
en él. Además, conmina a mirar críticamente el reclamo espacial de
algunos grupos sociales religiosos, étnicos, etc., pues con frecuencia esconden
la experiencia diferencial y reivindicaciones de las mujeres, sin poner en
cuestión los sistemas de poder/subordinación internos al grupo.
Reflexiones
y estudios desarrollados por practicantes de arquitectura, urbanismo y
disciplinas concurrentes propugnan que ni el espacio ni el urbanismo son
neutros (Muxí, 2006, 2011). Que hay mutua creación e incidencia entre espacio y
cuerpo sexuado (García, 1998; Cedeño, 2013; Lindón, 2009). Del Valle (1997)
afirma que hay una correlación positiva entre la jerarquía espacial
público-privada que confina a las mujeres a la esfera doméstica y establece
diferencias de género en cuanto a la pertenencia a un espacio y a la situación
transitoria en él de forma que el varón se ubica en lo público y está solo de
paso por la casa, mientras que la mujer pertenece a la casa y transita por lo
público. La misma autora añade que siendo la estructuración del espacio
“producto de la creación humana del pasado y del presente” (p. 32), este
refleja cambios no solo de usos, actividades y formas espaciales sino de
relaciones sociales como las de género.
En
el interés de aplicar las conceptualizaciones sobre producción diferencial del
espacio y materialización espacial del sistema de género al análisis y práctica
de la arquitectura y urbanismo, el recorrido y aportes han sido múltiples, como
nos relatan Massey
y Bernal (1998) o como se desprende de los trabajos de Muxí
(2006, 2011, 2018), del Col·lectiu Punt 6 de Barcelona, y de Arias y Muxí
(2018) sobre vivienda y ciudad con perspectiva de género; de Inés Sánchez de
Madariaga (2004) sobre urbanismo con perspectiva de género, y de Linda McDowell
(2000) sobre
género y territorio desde la geografía crítica y feminista.
Para
el caso latinoamericano destacan, sin ser las únicas, las contribuciones de
investigadoras, activistas, organizaciones sociales, instituciones de
cooperación y ONG vinculadas al hábitat y a la gestión urbana como la Red Mujer
y Hábitat (1989), Programa de Gestión Urbana UN-Habitat (1998-2004), CEPAL
(2016), Colectivo de Geografía crítica del Ecuador (2018).
3.2
Herramientas para un urbanismo con enfoque de género
Con
el propósito de replantear el espacio urbano en clave de género y, en la medida
en que la planificación urbana constituye parte del interés específico de la
disciplina de arquitectura y urbanismo, de las instituciones públicas y
comunidades que rigen el desarrollo de las ciudades y, sobre todo, porque la
formulación, implementación, evaluación y crítica de las políticas públicas
revelan la compleja relación ciudadanía-mujeres-Estado, se vuelve pertinente
destacar la incidencia que ha tenido, particularmente en Latinoamérica, el
análisis, conceptualización y herramientas propuestas por la corriente de la planificación
de género. Dicha corriente se autodefine como práctica de naturaleza
política y técnica, asume el conflicto en el proceso de planificación,
comprende procesos transformativos y caracteriza la planificación como un
“debate” (Moser,
1995, p. 132).
Esta
autora propone que la división sexual del trabajo adjudica roles específicos a
hombres y a mujeres en los diferentes ámbitos –reproductivo, productivo,
comunitario, político y cultural– de interacción social en los que se
desenvuelven, por lo que cada cual experimenta problemas y necesidades
diferenciadas en cada ámbito. Las necesidades de género de las mujeres pueden
ser prácticas (NPG) y estratégicas (NEG). Las primeras surgen de los roles
socialmente atribuidos a las mujeres (guarderías), mientras que las NEG son las
necesidades que las mujeres identifican en virtud de su posición subordinada a
los hombres en la sociedad. Estas varían según el contexto y se relacionan con
las divisiones del trabajo, del poder y del control por género. Satisfacer las
NEG posibilita a las mujeres lograr mayor igualdad (marcos legales, combate a
las violencias de género, autonomía económica, control de las mujeres de su
propio cuerpo, sexualidad y reproducción, desarrollo de su organización social
y política) y, sobre todo, cambia los roles existentes y desafía la posición
subordinada de las mujeres. En definitiva, según Moser, el objetivo de la
planificación de género es la “consecución de la equidad, igualdad y el
empoderamiento de género mediante las necesidades prácticas y estratégicas de
género”, siendo su meta la “liberación de la mujer de la subordinación, su
‘emancipación’” (p. 136).
En la mayoría de las
herramientas y guías metodológicas para abordar la arquitectura y el urbanismo
con enfoque de género, se considera condición sine qua non la
participación de las mujeres. Tal condición reconoce la incidencia que ejerce
el espacio en la vida cotidiana y el involucramiento e impacto diferencial de
género experimentado por las mujeres en la producción del espacio urbano, lo
que las coloca en condiciones necesarias y justas para ejercer su ciudadanía al
informar, generar soluciones, influenciar y auditar las decisiones al respecto:
La perspectiva de género
aplicada al urbanismo se entiende desde la experiencia, y por lo tanto precisa
de un análisis desde la escala próxima de comunidad, de barrio, pero sin
excluir una posterior lectura analítica interescalar (ciudad, región). Y la
experiencia de un territorio solo se puede recoger a través de la participación
activa de las personas vecinas en una comunidad o barrio, ya que son ellas las
máximas expertas de los lugares que habitan. (Ortiz y CP6,
2018, p. 8)
Actualmente, muchos
marcos legales y operativos de países y ciudades en el mundo prevén la
participación ciudadana en la planificación de su desarrollo, pero también la
veeduría y exigencia de cumplimiento de las políticas y presupuestos
vinculados, por ejemplo, a la igualdad de género. En este contexto, se prueba
la utilidad de las metodologías y herramientas participativas, como es el caso
de la Auditoría de la calidad urbana con perspectiva de género, “que permite
comprobar la aplicación transversal de la perspectiva de género en el
urbanismo, tanto en los espacios como en la gestión, a partir del análisis
integral de los aspectos sociales, físicos y funcionales de un entorno
concreto” (Ciocoletto y CP6, 2014, p. 7). Con esta herramienta se generan
diagnósticos urbanos participativos y se evalúan, desde el enfoque de género,
las cualidades del espacio urbano –proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad
y representatividad–, así como un sistema de indicadores correlativos.
La dinámica y
complejidad de la experiencia diferencial de género en el espacio urbano, así
como la posibilidad de acción, reacción y propuestas de cambio desde las
mujeres frente a dicha realidad, exigen la aplicación de enfoques y
metodologías de carácter etnográfico, como son la perspectiva situada y la
perspectiva interseccional, también “constituida en su relación con el espacio”
(CGCE, 2018, p. 4).
Sciortino (2012, p. 47)
pone de relieve la necesidad de mirar las “situaciones” de desigualdad de
género entre hombres y mujeres, pues estas revelan sus respectivas condiciones
de posibilidad y, al mismo tiempo, la “jerarquía de situaciones” entre mujeres
diversas.
También, la geografía
feminista que sostiene “que las relaciones de género son socioespacialmente
creadas” (CGCE, 2018, p. 4) ha aportado metodologías e instrumentos que apuntan
a “desnaturalizar las jerarquías de género a partir de una mirada espacial, es
decir, explicitando que las desigualdades y opresiones de género tienen una
expresión espacial específica, que necesita ser desvelada si se quiere
reinventarla en términos más justos y equitativos” (p. 5).
Reconociendo las
potencialidades comunicacionales de los mapas, dicha herramienta de cartografía
crítica y de contrainformación rescata la voz y “el punto de vista de aquellas
personas que sufren violencia” (CGCE, 2018, p. 5), mapea la situación de
desigualdad, pone en evidencia la opresión e injusticias y, mediante el
contramapeo que usa “otros códigos y representaciones” (p. 5), encuentra
soluciones y genera propuestas contestatarias y creativas para replantear la
relación socioespacial cuerpo-territorio, sobre todo, en el ámbito rural.
Por otra parte, el uso
de herramientas y metodologías de carácter cualitativo en los estudios urbanos
–como son las entrevistas individuales en profundidad y grupales, la
autorreflexión y percepción de las mujeres– permite dar cuenta de las
articulaciones entre ciudadanía y género, el sentido del liderazgo y
participación de las mujeres en lo público o las implicaciones personales,
sociales y políticas de asumirse como ciudadanas (Bolos, 2008, p. 32). Más aún,
el uso de metodologías similares, como sucede en el urbanismo con perspectiva
de género, ha posibilitado comprender la naturaleza y el peso específico de
prácticas de género en las ciudades de antes y actuales, pues en él se
“reconoce y hace visible la experiencia cotidiana de las mujeres y las
necesidades y responsabilidades asociadas al trabajo doméstico y de cuidado, es
decir, todas las tareas imprescindibles para el desarrollo humano” (Ortiz y
CP6, 2017, p. 6) y se “pone en el centro de las decisiones urbanas las
necesidades relacionadas con la vida cotidiana de las personas” (p. 7).
3.3
Búsqueda de equidad de género en las ciudades
Para
complementar el panorama de aproximaciones de género al espacio urbano, es
pertinente hacer referencia al reclamo reciente por equidad de género en
ciudades de América Latina. Así, durante la década de 1990, con el influjo de
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijíng 1995, se produjo un doble
fenómeno en torno a la relación género-espacio. Por una parte, la denuncia de
las desigualdades de género que afectaban la vida cotidiana de las mujeres,
como son la experimentación de las violencias y la pobreza, el diferencial
acceso a recursos como el trabajo, la tierra, la vivienda y el poder, al tiempo
que se visibilizaron estrategias impulsadas desde mucho antes por mujeres para
contrarrestar dichas desigualdades. Se crearon, por ejemplo, cajas de ahorro y
crédito, comedores populares, compras colectivas o canastas solidarias, redes
de cuidado, vivienda productiva y cuotas de participación política. Por otra
parte, los Estados y gobiernos en todo el mundo se vieron conminados a
reconocer tales desigualdades y a dar respuestas a las mismas, generalmente a
través de instrumentos de planificación de género aplicada especialmente a los
ámbitos locales.
Sin
embargo, la proliferación de leyes, políticas públicas, agendas de igualdad,
proyectos productivos y de desarrollo, entre otras, no fue lograda sino gracias
a la organización y movilización de las mujeres que desafiaron a las instancias
de poder. En este período:
-
se
inició una reflexión crítica y autocrítica colectiva sobre los impactos
diferenciales de género en la vida urbana y el papel de las mujeres en el
desarrollo de las ciudades;
-
se
reconocieron las necesidades e intereses estratégicos de las mujeres, puesto
que, resolver las necesidades prácticas asumidas en función del género, no era
suficiente para cambiar las desigualdades y el orden patriarcal; y
-
se
sintió una onda expansiva de organización en redes e intercambio de saberes
entre mujeres.
La Carta por el Derecho
de las Mujeres a la Ciudad (FMM, [2004] 2012), gestada durante
el Foro Mundial Urbano, fue determinante, pues denuncia que, con los niveles de
urbanización a los que se ha llegado globalmente a inicios del siglo XXI y los
problemas socioespaciales, económicos y ambientales que comporta,
las mujeres son las principales
afectadas por un modelo económico que las excluye de sus beneficios y por el
contrario erosiona sus derechos [obligándolas] a asumir el costo social de la
privatización de los servicios públicos que eran responsabilidad de los
Estados. También considera un avance sustantivo el haber colocado en la agenda
social de los gobiernos, los temas de preocupación de la comunidad mundial
desde la visión de las mujeres, y se plantea ir en pos de “la utopía de
‘otro mundo posible’, donde la diferencia sexual no se traduzca necesariamente
en desigualdad social”. (p. 199)
Entre
los principales reclamos de esta carta está la atención a necesidades de las
mujeres en lo relativo al acceso a la tenencia segura de la vivienda y a los
servicios urbanos; un transporte público seguro y adecuado a los requerimientos
de movilidad de las mujeres; y a la seguridad urbana que prevenga la violencia
contra las mujeres de todas las edades y devenga en atributo del espacio físico
en la planificación de la ciudad.
Un
hito más reciente en la relación género-espacio urbano es la Nueva Agenda
Urbana (NUA, por su sigla en inglés), consensuada en la conferencia Hábitat III
en Quito, octubre 2016, en la que Naciones Unidas reconoce que hay una mayor
proporción de mujeres dentro de la población urbana en general, y una
concentración de hogares encabezados por mujeres en los centros urbanos. Y se
plantean objetivos y metas para hacer realidad los derechos humanos de todos, y
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas (UN-Women, 2016).
Frente
a los compromisos de género en la NUA, las feministas urbanas recalcan que “lo
decisivo será dar continuidad y profundizar en las articulaciones ya logradas y
[...] a la vez monitorear en cada lugar el proceso de aplicación de estos
consensos, para que no suceda que llegamos a ellos para que nada cambie” (Falú, 2017).
En
tal sentido, para el urbanismo pos Habitat III se plantea la necesidad de
desarrollar mecanismos que apunten tanto al reconocimiento generalizado de la
problemática y desigualdades de género en las ciudades como a la implementación
de acciones integrales y permanentes para contrarrestarlas.
4. Desigualdades de género en
el espacio urbano de Quito, Ecuador
Con
el objeto de dar utilidad práctica al análisis urbano con perspectiva de género
y basados en información accesible, hacemos sucinta referencia al caso de
Quito, reflexionando sobre aspectos significativos de lo acontecido en dicha ciudad aproximadamente desde
el año 2000, especialmente en cuanto a políticas
públicas y expresión feminista en el espacio urbano.
Partiendo
de la comprensión de las implicaciones diferenciales para hombres y mujeres del
proceso de producción de espacio, y la necesidad de evidenciar las
desigualdades de género en la ciudad, destacaremos algunas
características sociodemográficas de Quito que permiten establecer mínimamente
el contexto de la experiencia diferencial de género en esta. Por ejemplo, ya
desde el 2010, la composición poblacional de Quito mostró mayor presencia de
mujeres que de hombres en 2,74 puntos porcentuales y, según
proyecciones municipales, “se estima que la población de Quito para el año 2025
[...] crecerá más de medio millón de personas, con una presencia de más de 6
puntos de mujeres respecto de hombres” (MDMQ, 2015, p. 131). También,
del total de hogares que habitan la ciudad, el 28,1% cuenta con jefatura
femenina declarada y, el grupo de mujeres con hijos y sin cónyuge representa el
18,6% de la población femenina quiteña (INEC, 2010).
Si consideramos que las
desigualdades sociales, económicas y políticas son determinantes para el
reconocimiento de la condición ciudadana de las mujeres, esa que no solo
reclama derechos, sino que aporta efectivamente al desarrollo social al
ocuparse mayoritariamente del cuidado humano y posibilitar la reproducción de
la fuerza de trabajo. Se vuelve pertinente evidenciar la desproporción
existente en la población económicamente “inactiva” PEI de 15 años o más que
realiza quehaceres domésticos, pues en Quito, en esta categoría, las mujeres
epresentan el 96,38% frente al 3,62% de los hombres (INEC, 2018)[3].
Al
respecto es de anotar que en Ecuador la “labor productiva del trabajo no
remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares” es
reconocida constitucionalmente (CRE, 2008, art. 333), posibilitando la
extensión de la garantía estatal de la seguridad social para quienes lo ejercen
(art. 34; LOJLRTH,
2015). Ambas son reivindicaciones y logros históricos del movimiento de mujeres
ecuatoriano para que se atiendan las necesidades de la vida cotidiana y se
reconozca su aporte económico y multidimensional al desarrollo del país. Sin
embargo, al año 2010, el 67,53% de mujeres de Quito aún no estaban afiliadas a
ningún tipo de seguro social (CPD, 2018).
En
cuanto a la presencia de mujeres en el gobierno local, especialmente a partir
del año 2006, gracias a la vigencia de la paridad electoral también impulsada y
conquistada por las organizaciones de mujeres, el gobierno autónomo
descentralizado de Quito ha logrado conformarse casi paritariamente y, en
varios períodos, ha nombrado mujeres como vicealcaldesas. Hasta el 2023, nueve
de los veintiún miembros que conforman el Concejo Metropolitano de Quito son
mujeres.
Finalmente,
gracias a la encuesta aplicada en Quito, en el año 2012 por ONU Hábitat y otras
agencias internacionales, es posible hacer referencia a la percepción ciudadana
sobre las desigualdades urbanas y de género, cuyos resultados se recogen a
continuación.
Figura 1. Percepción de
desigualdades urbanas y del conflicto de género, 2012
Fuente: ONU Habitat, CAF, Fundación Avina y Red Ciudades (2013, p. 30).
Elaboración propia.
Según lo reveló dicha
encuesta, la desigualdad relacionada con las dimensiones económicas, políticas,
culturales y urbanas fue percibida en Quito como alta y muy alta por el 40% de
encuestados, y como media por otro 48%, siendo la
segregación que se expresa entre barrios pobres y los “cotos cerrados” o
terrenos urbanizados privadamente, la
causa que, según ellos, genera más desigualdad. Adicionalmente, más del 62% de
encuestados percibe el conflicto entre hombres y mujeres como fuerte y muy
fuerte (Figura 1). Todos coinciden en que la desigualdad afecta su vida comunitaria
y calidad de vida.
A
continuación, en acápites particulares, se analizan cuatro situaciones que
muestran desigualdades de género, acciones y reacciones experimentadas en la
ciudad de Quito que destacamos por pertinentes para el planeamiento urbano y la
construcción de ciudades incluyentes.
4.1. Política municipal y
garantía de derechos de las mujeres
Al
indagar sobre el marco institucional municipal de atención a la problemática de
género en Quito, constatamos que a partir de un encuentro entre el alcalde y
800 representantes de organizaciones de mujeres en 2001, fluyó una interacción
que para 2005 se concretó en el Plan bicentenario con enfoque de género (MDMQ, 2006),
autodefinido como “política institucional orientada al ejercicio pleno de los
derechos de las mujeres quiteñas, en el marco del proceso de una ciudad
equitativa, solidaria e incluyente”. Se crearon centros de equidad y justicia
-CEJ-, de atención a mujeres sobrevivientes de violencia, como se ve en Figuras
2 a 5; el sistema de canasta solidaria y cajas de ahorro y crédito para aportar
a la independencia económica de las mujeres. Del total de colocaciones
laborales efectivas del programa Bolsa de Empleo del municipio de Quito, 51%
fueron mujeres. Con base en la Ordenanza 187 sobre gestión participativa, se
conformaron siete cabildos zonales de mujeres, “verdaderos espacios de
participación y toma de decisiones” (MDMQ, 2008, p. 9).
Figura
2:
Centro de Equidad y Justicia, La Delicia, Quito
Fuente: Armijo, P. (2022, 3 de
octubre) El Comercio
Figura
3:
Centro de Equidad y Justicia, Quitumbe, Quito
Fuente: Elaboración propia
Figura
4:
Atención al público en CEJ-La Delicia
Fuente: Elaboración propia
Figura
5:
Atención al público en CEJ La Delicia
Fuente: Elaboración propia
Es de resaltar que en
este período se produjeron históricas acciones y ordenanzas requeridas desde
las organizaciones sociales, como la Ordenanza 240 de reconocimiento y derechos
de la población GLBTI; los programas de salud y derechos de trabajadoras sexuales;
lugares de acogida para hijos e hijas de comerciantes de mercados; o
resoluciones que posicionaron a Quito en la vanguardia del municipalismo
ecuatoriano sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (MDMQ, 2008, p. 11), como:
- A0004
(de Alcaldía) que garantiza a las adolescentes embarazadas y madres
adolescentes su permanencia en todos los centros educativos del Subsistema
Metropolitano de Educación, y prohíbe cualquier tipo de discriminación en su
contra.
- C-687
(del Concejo Metropolitano de Quito) que reconoce el derecho de las mujeres a
la anticoncepción de emergencia, y establece la obligación del MDMQ de proveer
este tratamiento (píldora del día después) en los servicios de salud y atención
a la violencia intrafamiliar.
En
2009, se aprueba la Ordenanza 287 que crea el Consejo Metropolitano de Mujeres
de Quito.
El
Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, expedido en
2010, transformó la Comisión Especial de Igualdad de Género en comisión
permanente en los gobiernos autónomos descentralizados con potestad para
plantear, exigir y vigilar el cumplimiento de políticas públicas al respecto.
Mientras que el Código de Planificación y Finanzas Públicas y el de
Participación Ciudadana y Control Social establecen la conformación de consejos
ciudadanos de planificación y participación en las decisiones locales abiertos
a organizaciones sociales y de mujeres.
Por
su parte, mujeres del sur de Quito, en 2008, conforman la Veeduría presupuestaria a los recursos
públicos sobre violencia intrafamiliar y de género, con base en
legislación constitucional y local sobre participación ciudadana y control
social, que tuvo protagonismo en la defensa de logros y derechos ante las
administraciones locales subsecuentes.
4.2. Violencias de género en la
ciudad
Debido
a la sistemática evidencia de las violencias de género intrafamiliares y en
espacios públicos, gracias a la movilización de las mujeres y a los avances
constitucionales conseguidos, la atención a esta problemática es progresivamente
asumida por los gobiernos locales llegando en algunos casos al nivel de
política pública, aunque con fluctuaciones dependiendo de la administración de
turno.
Durante
las dos administraciones municipales posteriores a 2009, buena parte de las
políticas y logros de la década anterior se discontinúan, prevaleciendo casi
exclusivamente la Ordenanza Metropolitana No. 0235 (antes No. 042) que
establece las políticas hacia la erradicación de las violencias de género, la
misma que considera “necesario ampliar el alcance de las políticas de violencia
de género, incluyendo el espacio público como ámbito de acción municipal,
además del espacio privado” (MDMQ, 2012, p. 3). También incluye entre los tipos
de violencia contra las mujeres que le competen, el del maltrato sexual
callejero a la mujer (art. 4, lit. d) y aborda dicho maltrato en los medios de
transporte público (art. 5). Adicionalmente, adscribe a la iniciativa
internacional, iniciada por ONU Mujeres en 2010, de implementación del Plan de
Ciudades Seguras para las Mujeres (art. 7).
En
2014, se desarrolló el “Protocolo de actuación en casos de violencia sexual en
el sistema de transporte de pasajeros de Quito”, el mismo que dio respuesta
concreta al problema del acoso sexual, una de las mayores violencias de género
que se experimentan en el espacio público. En 2015, en Ecuador, se sentó un
precedente jurídico y cultural, cuando por primera vez se sancionó el acoso
callejero en el transporte público como “delito” de abuso sexual. (Morales et al., 2016, p. 22). La gestión municipal 2014-2019 implementó
la estrategia “Bájale al Acoso” (2019) en 2400 unidades del sistema urbano de
la ciudad, lográndose disminuir en un 34,5% el acoso sexual en el transporte
público y aplicar 20 sentencias a prisión de 1 a 9 años por acoso sexual.
La relación
urbano-rural indica que la violencia sexual es mayor en el ámbito urbano, con
13,7% de diferencia (INEC, 2019, p. 47). En cuanto a la
frecuencia de violencias de género según el ámbito de perpetración, se observa
que en el social –es decir, en espacios públicos–, alcanza un 32,6% (p.
47). En 2014 se registraron 10 femicidios en Quito
(CPD, 2018, p.
30). Para
abordar las violencias de género y la garantía de derechos a las mujeres,
existe el Sistema de Protección Integral municipal que guarda correspondencia
con entidades competentes de escala nacional.
A
nivel nacional, a lo largo de la vida, 20 de cada 100 mujeres experimentaron
algún tipo de violencia en el ámbito familiar (INEC, 2019, p. 47), incluida la
violencia patrimonial referida a la enajenación, destrucción y apropiación de
bienes, propiedades o documentos que acreditan a las mujeres como propietarias
o posesionarias de un bien. Y no sorprende que, si bien 62,6% de las víctimas
contaron del incidente a conocidos, el 91,7% no lo denunció (p. 47).
4.3.
Desigualdades de género en torno a la tierra y vivienda urbanas
Considerando que la
tierra y vivienda están entre las más grandes necesidades humanas de las que se
ocupa la arquitectura y urbanismo; que tanto el sistema de producción
capitalista como el sistema de género determinan las condiciones de uso y
propiedad de las mismas e inciden en la antes mencionada violencia patrimonial
haciendo que menos del 20% de tierra y vivienda esté en manos de mujeres a
nivel mundial (Huairo Comission, 2018); y que el acceso, uso
y control de tales recursos constituyen un factor crucial para la emancipación,
empoderamiento, ciudadanía y derecho a la ciudad de las mujeres, destacamos lo
siguiente:
En la Constitución
(CRE, 2008) están garantizados el derecho a la ciudad (art. 31) y el derecho a
la vivienda adecuada y digna (art. 3) con independencia de la situación social
y económica de las personas.
Un estudio pionero
sobre propiedad del suelo urbano y vivienda, enfocado en las mujeres de sectores
populares (FMS, 1998) establece que más allá
del uso tradicional que se da a la vivienda, esto es, habitación, descanso,
alimentación, relacionamiento intrafamiliar, etc.
En nuestro
país [se constata] la alta frecuencia del uso productivo de la vivienda, a
través del subarriendo de determinados ambientes, o vía la instalación de
talleres de producción artesanal y doméstica para el mercado [...] y siendo las
mujeres las que, al responsabilizarse de la mayor parte de roles reproductivos,
permanecen más en la vivienda, han encontrado en ella un “activo productivo”
que les permite generar ingresos [...] y oportunidad para articularse al
mercado laboral. De esta manera, el acceso, propiedad y control de la vivienda
es, para las mujeres pobres, un medio de satisfacción de necesidades prácticas
y estratégicas, y constituye un canal efectivo de empoderamiento (p. 3).
Los datos del censo
(INEC, 2010) no revelan la tenencia de la vivienda de manera desagregada por
sexo o por jefatura de hogar. Sin embargo, resulta interesante observar que,
más allá de las modalidades de tenencia de vivienda predominantes, propia 33% o arrendada 38,8%, existe un alto porcentaje con otras modalidades
(prestada, cedida, regalada, donada, heredada), que muchas veces coinciden con
las tácticas espaciales utilizadas, sobre todo, por mujeres jefas de hogar y
población vulnerable para resolver su necesidad de alojamiento.
La
no disponibilidad pública de información predial desagregada por sexo sobre
propiedad de tierra y vivienda en Quito dificulta el establecimiento del
balance o la desigualdad de género en cuanto a la propiedad del suelo urbano.
Sin embargo, a partir de una muestra de 726 fichas catastrales, trabajada y
disponible en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador
(Puente
et al., 2017), sobre predios pertenecientes a personas
naturales, en las que se registra el género del/la propietario/a, sin
evidenciar la pertenencia o no del predio a la sociedad conyugal, se estableció
que el 62,94% de predios ubicados en zonas densas del norte, centro y sur de
Quito pertenecen a hombres, y 37,04% a mujeres; es decir, una diferencia de
25,9 puntos porcentuales favorable a los hombres.
Con
base en información presentada por Margarita Carranco, durante su ejercicio
como vicealcaldesa de Quito (2006-2009), se conoce que, dentro de la política
de transversalización del enfoque de equidad de género en la gestión municipal
implementada hasta 2009, se destinaron 1800 soluciones de vivienda para
aplicantes mujeres jefas de hogar (MDMQ et al., 2008). Sin embargo, en
2020, la política pública para
establecer el acceso a la vivienda de interés social
se atiene a un enfoque orientado a la familia (STHV, 2020).
Para
incidir con perspectiva de género en la producción y calidad del hábitat, en
marzo de 2019, se conforma el Consejo de Mujeres Rurales de Quito como
instancia consultiva sobre políticas públicas orientadas a “elevar la calidad
de vida de las mujeres rurales en cuanto a producción, economía y, a
erradicación de las brechas existentes entre hombres y mujeres” (Integrantes
del Consejo Consultivo, 2019). Dicho objetivo pone de relieve la conciencia
municipal y ciudadana sobre la desigualdad de género también en el área rural;
sin embargo, hasta 2021 no se encontró evidencia de implementación e impacto de
dichas políticas públicas específicas.
4.4
Expresiones feministas en calles de Quito
El
fenómeno de uso de calles, muros, monumentos y más elementos espaciales para
expresar rechazo a estereotipos culturales impuestos a las mujeres, denunciar
las violencias, proponer nuevas formas de relacionamiento social o difundir
posiciones sobre temas que les preocupa, está presente en Quito especialmente a
partir del año 2000.
Consideramos
dichas manifestaciones como tácticas feministas de apropiación espacial y
resistencia (Beebeejaun, 2017, p. 323).
Primero
porque rompen esquemas, cuestionan discursos, posicionan derechos en el ámbito
público e implican voluntad desafiante, contestataria y emancipadora por parte
de las mujeres. Grafitis como los de las Figuras 6 a 8, o como “¡Abajo el
patriarcado!”, “¡Exijo separación entre mi vagina y el Estado!”, “¡Vivas nos
queremos: ni una menos!”, “¡Aborto seguro!”, o fotos de desaparecidas con lemas
como: “¡Te vamos a encontrar!”. Estas reivindicaciones y lenguajes eran
impensables en el Quito de hace tres décadas.
Figura
6:
Ni la iglesia ni el estado nos impedirán abortar
Calles:
Juan León Mera y Roca, Quito
Fuente: Elaboración propia
Figura
7:
Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Calles: Carvajal y
La Gasca, Quito
Fuente: Elaboración propia
Figura
8:
¿Mujer, madre? No gracias. Soy lesbiana
Calles:
Don Bosco y Los Ríos, Quito
Fuente: Elaboración propia
Figura
9:
El amor no tiene género. (Autor de mural y fotografía: Apitatán, 2019, 1 de
julio) Sector Bellavista, Quito
Fuente: Noroña, K. (2019, 4 de julio), El Comercio
Figura 10: Señalética de calles con nombres de
mujeres en Quito
Fuente: Diverciudades, 2018 Proyecto ¿Y nosotras
en las calles?
Segundo, porque con frecuencia aparece la reacción machista
mediante sobreescrituras, destrucción y ocultamiento de mensajes, como el
famoso caso de vandalización y borrada inmediata del mural de arte urbano “El
amor no tiene género”, Figura 9, del artista Apitatán, en Bellavista, el 1 de
julio de 2019, sobre la reciente legalización del matrimonio igualitario que
provocó la intervención policial por quejas de moradores del barrio; la
sobreescritura de un mensaje sobre la lucha feminista con otro que aclaraba que
la lucha es de clases, no de género; la sobreescritura “A cocinar Eva estúpida”
sobre el de una imagen femenina que decía “Si no puedo bailar, no quiero tu
revolución”, o el dibujo de genitales masculinos en la boca de imágenes
femeninas en murales artísticos o políticos. Y la exacerbación de la supremacía
machista y patriarcal en la calle, que va desde el uso de decorados en autos y
fachadas de casas con mensajes explícitamente sexuales o machistas, hasta
violencias físicas contra las mujeres, incluyendo feminicidios, a la luz
pública. Tales manifestaciones espacializan la cotidiana tensión, violencias y
desigualdad de género en el espacio urbano.
Una última tendencia, que cobra vigencia en los municipios
ecuatorianos sensibilizados sobre las desigualdades de género, es autorizar la
colocación de bancas e instalaciones artísticas de denuncia en el espacio
público, en recuerdo de mujeres asesinadas, lo cual se suma a la corriente de
hace dos décadas, adoptada en Quito y en otras ciudades, de nombrar calles
nuevas con nombres de mujeres insignia. Aun así, al 2018, solo el 5% de calles
en Quito, tienen nombre de mujer (Diverciudades.com, 2018).
En
resumen, cabe señalar que, durante esta investigación, se constató que, aunque
las desigualdades se manifiesten aparentemente de forma aislada, en la
práctica, se intersectan o se producen de manera interdependiente, con efecto
multiplicador y en cadena, tanto que identificamos algunas que podrían añadirse
al análisis, pero rebasaban al alcance previsto para este artículo. Estas se
refieren a la experiencia diferencial de la movilidad urbana de mujeres que
ocupan transporte público, peatonas y ciclistas; significación económica y
social para la ciudad y para ellas de las labores del cuidado ejercidas
predominantemente por mujeres; feminización de la pobreza urbana; mujeres
pobres de todas las edades viviendo en situación de calle; participación de las
mujeres en la producción social del hábitat popular, en la organización
barrial, en experiencias de agricultura urbana; prostitución femenina
callejera; apropiación y usufructo de espacios públicos deportivos por parte de
ligas barriales, con dinámicas excluyentes en términos socioeconómicos y de
género; y al comercio informal femenino afectado además por la represión
municipal. Anotamos para el caso de Quito que algunos de estos temas están
siendo trabajados desde enfoques feministas, como se observa en múltiples
producciones académicas, por ejemplo, en la recopilación hecha por Navas y
Makhlouf (2018).
Atendiendo al doble
interés de este estudio, a saber, el desmontaje y comprensión teórica de
desigualdades de género en el espacio urbano, así como la identificación de
herramientas y metodologías favorables a un urbanismo alternativo desde el
punto de vista de género, las conclusiones a continuación se perfilan en ambos
sentidos incluyendo las relativas al caso observado.
En términos teóricos se
plantea la necesidad de mirar el espacio urbano y el género como constructos
sociales interrelacionados que, a la vez, son socializados, aprendidos y
contestados de manera diferencial por hombres y mujeres, pues suponen impactos
y experiencias no solo diferentes, sino desiguales, según cada caso.
La producción de
espacio acontece en lo cotidiano, involucra a toda la población y está marcada
por condicionamientos socioculturales y de poder, como son tanto el sistema
urbano como el de género; y, en ese sentido, no es asunto puramente técnico
ejercitado exclusivamente por arquitectos/as y urbanistas, como suele considerarse
en ciertos ámbitos académicos y profesionales.
La comprensión de la
participación de cada habitante en la producción de espacio pone de manifiesto
el potencial de cambio o de mantenimiento de la experiencia urbana individual y
colectiva del que dispone cada quien. Dicha participación se plantea como un
ejercicio de ciudadanía e interacción socioespacial cotidiana, lo cual permite
a las mujeres sentirse incluidas y capaces de incidir con sus prácticas
espaciales en el devenir de la ciudad o, por ejemplo, a los/as estudiantes de
arquitectura y urbanismo, sentirse integrados y ubicarse como productores de
espacio en todo momento y lugar más allá de los ámbitos académicos y
profesionales.
La observación, desde
el enfoque de género, de las prácticas espaciales cotidianas tanto en lo
privado como en lo público lejos de ratificar la pretendida desconexión entre
ambos campos, permite establecer su interdependencia y la continuidad,
transversalidad y omnipresencia del sistema de género en los mismos.
El abordaje simultáneo
e interrelacionado de la construcción social del género y del espacio se revela
no solo pertinente, sino necesario para comprender e intervenir en las ciudades
desmontando el sistema de género subyacente al ordenamiento urbano y para
evidenciar el urbanismo obsecuente que no cuestiona, sino que asume o mantiene
el orden patriarcal imperante.
En el plano
metodológico se advierte como necesario explotar el múltiple potencial de la
práctica espacial del caminar en las calles o en el espacio público para el
conocimiento vivencial de la problemática y dinámicas urbanas; para el
fortalecimiento de la interacción social, y para la generación de alternativas
de producción de espacio que resulten satisfactorias para las personas o
colectivos. Esto es crucial para las mujeres en las ciudades pues, al
apropiarse del espacio público como parte de su proceso emancipatorio y del
ejercicio pleno de su derecho a la ciudad, se produce una contestación al
disciplinamiento de género y al temor inculcado respecto a su uso (Bolos, 2008;
Navas, 2018).
El comprender la
complejidad y dinámica de la realidad socioespacial de género, la necesidad de
un abordaje multidisciplinario, multidimensional, integral y participativo que,
al tiempo que combata las desigualdades y el orden patriarcal de género,
promueva un habitar en igualdad, y el asumir la no neutralidad de género de la
práctica urbanística constituyen precondiciones para cualquier intervención de
carácter técnico, político o ciudadano orientada a la construcción de ciudades
sostenibles, justamente por equitativas.
De la observación hecha
a Quito se desprende que la ciudad cuenta con una serie de marcos legales,
operativos y de participación social para garantizar el ejercicio de derechos y
la ciudadanía activa de las mujeres. También que cuando en las estructuras
decisionales de la ciudad existe entendimiento sobre las desigualdades de
género y voluntad para aplicar planificación de género participativa, es
posible establecer condiciones para avanzar en la construcción de ciudades
igualitarias. Sin embargo, el caso de Quito también evidenció que el logro de
la equidad social y de género en la ciudad se afecta considerablemente con la
discontinuidad de las medidas de política pública implementadas por gobiernos
precedentes aun cuando hayan sido institucionalizadas y, que, al ser las
desigualdades de género interdependientes, complejas y cambiantes, lo trabajado
para combatirlas, nunca es suficiente y requiere permanente actualización.
Con base en las
múltiples referencias teóricas aquí abordadas y a la evidencia de políticas
públicas, marcos legales o procesos de planificación urbana y luchas por el
derecho a la ciudad de las que Quito es solo un ejemplo, se podría concluir que
la utopía feminista de experimentar un espacio urbano igualitario, humanista y
sostenible, en el que se ejerzan los derechos, queda planteada. Pues, como lo
señala la arquitecta Zaida Muxí (2006, p.
70), el
desafío es “construir un espacio sin género ni orden patriarcal, por lo tanto,
sin jerarquías, un espacio para visibilizar las diferencias [para] resignificar
la construcción de nuestras ciudades a partir de la experiencia que del mundo
tengan hombres y mujeres”.
La ciudad y el espacio
urbano actual constituyen una realidad multivalente para las mujeres y las
relaciones de género debido a que producen y mantienen el sistema social de
poder/subordinación entre hombres y mujeres; pero, al mismo tiempo, generan
condiciones para la expresión de formas de contestación y reinvención del
espacio urbano por parte de ellas.
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[1] En este artículo se
mencionan autores y, especialmente, autoras que han contribuido desde hace
varias décadas a esta discusión señalando los años en que se publicaron esas
contribuciones; en la bibliografía, se consignan los textos en los que se
sustenta lo que aquí se discute.
[2] Esta
y las demás citas de esta autora son de traducción propia.
[3] En Ecuador, la
contribución del valor agregado bruto (VAB) del trabajo no remunerado general
al producto interno bruto (PIB) es del 19,1%, dentro del cual la participación de
las mujeres llega al 14,5%, frente al 4,6% de los hombres (INEC,2017).