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Artículo científico / 2024, Vol. 15, No. 2 páginas, 77 - 91
Rural territorial development policies and indigenous
peoples in the Argentine Northwest (2020-2023): situated collaborative experiences
Autores:
Macarena Del Pilar Manzanelli
Universidad Nacional de La Matanza, Argentina
María Paula Milana
Universidad Nacional de Salta, Argentina Autor de correspondencia:
Macarena Del Pilar Manzanelli mdpmanzanelli@gmail.com
Recepción: 26 - julio - 2024
Aprobación: 13 - noviembre - 2024
Publicación online: 20 de diciembre de 2024
Citación: Del Pilar Manzanelli, M. y Milana, M. P. (2024). Políticas de desarrollo territorial rural y pueblos indígenas en el Noroeste Argentino (2020-2023): Experiencias colaborativas situadas. Maskana, 15(2), 77 - 91. https:// doi:10.18537/mskn.15.02.05
doi: 10.18537/mskn.15.02.05
© Author(s) 2024. Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Políticas de desarrollo territorial rural y pueblos indígenas en el Noroeste Argentino (2020-2023): experiencias colaborativas situadas
Rural territorial development policies and indigenous peoples in the Argentine Northwest (2020-2023): situated collaborative experiences
El artículo analiza dos proyectos de desarrollo territorial rural en el Noroeste Argentino destinados a pueblos indígenas: Territorios y Áreas Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (Tucumán) y Proyecto de Inclusión Socio-económica en Áreas Rurales (Salta) (2020-2023). Desde abordajes etnográficos colaborativos y niveles de análisis macro, meso y micro, se indagó en criterios de interpelación hacia poblaciones indígenas y en las maneras en que éstas intervienen en su implementación. Ambos proyectos presentan ambigüedades: emplean lenguajes del desarrollo territorial rural sustentable, conservación ambiental e inclusión comercial con reconocimiento indígena de tolerancia, que moldean las demandas locales, mientras que se enmarcan en conflictos territoriales e incumplimientos del derecho indígena. No obstante, se observan potencialidades en sus implementaciones provenientes del quehacer, capacidades político-institucionales de los pueblos involucrados y sus articulaciones con técnicos/as, que les ha permitido ir más allá de los objetivos institucionales, para garantizar modos de vida comunitarios en el territorio.
The article analyzes two rural territorial development projects in the Argentine Northwest aimed at indigenous peoples: Territories and Areas Conserved by Indigenous Peoples and Local Communities (Tucumán) and the Socio- economic Inclusion Project in Rural Areas (Salta) (2020-2023). Using collaborative ethnographic approaches and macro, meso and micro levels of analysis, the article investigated criteria for addressing indigenous populations and the ways in which they intervene in their implementation. Both projects present ambiguities: they use languages of sustainable rural territorial development, environmental conservation and commercial inclusion with indigenous recognition of tolerance, which shape local demands, while they are framed in territorial conflicts and breaches of indigenous rights. However, potentialities are observed in their implementations arising from the work, political-institutional capacities of the peoples involved and their articulations with technicians, which have allowed them to go beyond institutional objectives, to guarantee community ways of life in the territory.
Keywords: Diaguita people, Kolla people, Tucumán, Salta, projects.
Macarena Del Pilar Manzanelli, María Paula Milana
Introducción
En las últimas décadas, Argentina experimentó una serie de cambios institucionales y normativos para garantizar la participación de actores históricamente subalternizados (pueblos indígenas, campesinos, jóvenes, mujeres) en la gestión de sus territorios. Esta dirección fue adoptada por las llamadas políticas de desarrollo territorial o de desarrollo territorial rural (DTR),1 cuyos itinerarios han ido cambiando desde enfoques dicotomizados de los espacios y de planificación estado-céntricos o top-down, hacia otros multidimensionales que combinan categorías de crecimiento económico con las de sustentabilidad, biodiversidad, ecodesarrollo, desarrollo endógeno e inclusión, además de la variable ambiental y del cambio climático (Manzanal, 2017; Lattuada, 2014; Merlinsky, 2020). Esta incorporación de dimensiones históricas, culturales e identitarias locales busca una gestión participativa bottom-up, con instancias de relacionamiento entre organismos de financiamiento internacional y organizaciones gremiales, empresarias y civiles (Lattuada, 2014; Manzanal, 2017; Marcos, 2019).
A ello se sumó, entre 2003 y 2015, el despliegue de dispositivos participativos en torno a los derechos de los pueblos indígenas, con la incidencia de organizaciones territoriales nacionales y regionales en la elaboración de políticas públicas y en el organigrama estatal (Milana, 2021; Manzanelli, 2021; Guiñazú, 2019). Cabe mencionar la Ley Nacional N°
26.160 de 2006, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas originarias de Argentina, suspende los desalojos y demanda un relevamiento técnico jurídico y catastral de todos los territorios indígenas. En estos casos, las políticas de desarrollo territorial deben dialogar con las políticas de reconocimiento territorial de los
pueblos indígenas –y con el corpus jurídico– que rigen en cada jurisdicción (nacional y provincial).
En el Noroeste Argentino (NOA), la provincia de Tucumán reconoció en 2006, en su constitución provincial (art.149), la preexistencia étnico- cultural, identidad, espiritualidad e instituciones propias que habitan en el territorio provincial. En Salta, la reforma de la Constitución provincial en 1998 (art.15) también significó el reconocimiento indígena, de su personería jurídica y su derecho a actuar en instancias administrativas y judiciales.
Como antecedentes centrales de la combinación de dispositivos de desarrollo territorial rural y de reconocimiento territorial indígena, en el NOA se destacan dos programas estatales financiados por el Banco Mundial (BM): el Programa Social Agropecuario (PSA, 1993-2013), ideado para mejorar las condiciones de vida de sus beneficiarios mediante la capitalización ofrecida por el mercado (Marcos, 2019); y los Programas de Desarrollo de Comunidades Indígenas (DCI, 2005-2008), centrados en favorecer el acceso al agua, vivienda, represas, microcréditos y mejoramiento genético de bovinos (García Salemi et al., 2015). En particular, el despliegue del PSA permite comprender cómo las transformaciones de su enfoque estuvieron asociadas tanto a las demandas de sus destinatarios como a los sucesivos estilos de gobierno nacional. Si en sus inicios el sujeto de intervención era el “pequeño productor” o productor minifundista, caracterizado por falta de tierra, capital e ingresos; hacia finales de la década de 1990 incluía mujeres, jóvenes e indígenas (Marcos, 2019, p. 124). En 2004, se incorporó el enfoque de “desarrollo socio- territorial” para la construcción de conocimiento con las poblaciones combinando saberes locales y técnicos, con las organizaciones presentes en el territorio como principales interlocutoras. En 2008, devino en Subsecretaría de Agricultura
1Las políticas de desarrollo territorial rural fueron definidas como estrategias y acciones orientadas al sector de “pobres rurales”, inclu- yendo “pequeños y medianos productores, agricultura familiar, campesinos e incluso asalariados rurales” (Manzanal, 2017, p.7). Desde el 2000, fueron integradas bajo enfoques de desarrollo territorial, incluyendo la participación local.
Familiar (SsAF), posicionando dicha categoría como aglutinadora de formas de vida campesinas o indígenas, cuya situación desigual con respecto a otros actores requiere políticas adecuadas para su inclusión a la economía formal (Villarreal, 2018). A la categoría de pequeño productor se le añadieron características vinculadas con modos de vida en los territorios, derechos y demandas de pueblos indígenas (Milana, 2019; Marcos, 2019).
Esto tuvo su correlato en planes provinciales y regionales alineados con instrumentos de organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medioambiente Mundial (FMAM). Lo ejemplifica la Iniciativa de Apoyo Global a “Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales” (TICCA) del PPD. La intervención del TICCA sobre poblaciones locales focaliza en la biodiversidad y conservación del territorio, asumiendo que su uso sostenible resulta eficaz para la lucha contra la pobreza de comunidades custodias y resilientes.
Posteriormente,entre2015y2019,lasrestricciones presupuestarias, despidos de personal y ausencia de iniciativas que caracterizaron la gestión del gobierno nacional bajo la presidencia de Mauricio Macri, implicaron un retroceso en las políticas de desarrollo territorial. Solo se mantuvieron unos escasos programas donde la agricultura familiar olvidó su anterior amplitud e interlocución con una multiplicidad de actores (Nogueira et al., 2017). Uno de ellos fue el Proyecto de Inclusión Socio-económica en Áreas Rurales (PISEAR), financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrario (FIDA) y el BM. De igual forma, en este período el tratamiento estatal hacia los pueblos indígenas mutó desde una anterior interpelación como “titulares” de derechos hacia la revitalización de discursos donde prevaleció la figura indígena asociada a la barbarie, naturalizando violencias y deslegitimaciones hacia sus principales reclamos territoriales (Lenton et al., 2019).
Desde 2020, la pandemia del COVID-19 repuso la importancia tanto de estos abordajes como de los modos de vida en espacios rurales, y su rol
en términos ambientales, sociales y económicos (Sampaio Torrens, 2020). No obstante, la tendencia a desfinanciar estas áreas siguió profundizándose, como muestra el paso en 2022 de Secretaría a Instituto Nacional de Agricultura Familiar y Campesina (INAFCI).
En diálogo con el escenario arriba reconstruido, este artículo recurre a una perspectiva antropológica y etnográfica de las políticas públicas y sus modos de gestión de territorios específicos, con el fin de problematizar sus criterios y formas de interpelación hacia las poblaciones indígenas, así como las maneras en que dichas poblaciones intervienen en su implementación. Para ello, analiza dos experiencias de colaboración institucional como investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la implementación de proyectos en el NOA: el proyecto TICCA (Territorios y Áreas Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales) titulado “Resguardo de la diversidad biológica del territorio de la comunidad indígena del pueblo Tolombón, Nación Diaguita, Tucumán”, en el valle de Choromoro (provincia de Tucumán), y el Proyecto de Inclusión Socio-económica en Áreas Rurales (PISEAR), subproyecto de inversión rural “Agüita para beber en el Perchel de Pucará” (2020-2022), en el municipio de Santa Victoria Oeste (provincia de Salta). De esta manera, el objetivo del artículo es poner en perspectiva -con sus limitaciones y dificultades- la implementación de proyectos de desarrollo territorial dirigidos a los pueblos indígenas, focalizando en modos de intervención y participación, así como narrativas y lógicas en torno al territorio puestas de manifiesto a lo largo de la experiencia.
Los aportes de la antropología y la ciencia política permiten entender a las políticas como tecnologías políticas e instrumentos de poder (Shore, 2010, p. 21); conjunto de prácticas de gobierno discursivas y extradiscursivas (Álvarez Leguizamón, 2015) enmarcadas en construcciones de hegemonía cultural reguladas por la gubernamentalidad (Briones, 2015). Las políticas públicas conllevan narrativas, lenguajes, racionalidades y creencias sobre los fenómenos a intervenir que otorgan legitimidad a las acciones y posicionamientos de
los actores participantes. Asimismo, contienen esquemas clasificatorios hacia las poblaciones, permeados por la construcción de sujetos desde carencias o tolerancia folclorizada, incluyendo eco-discursos donde la población indígena es interpelada bajo una correspondencia con nociones de conservación (Trentini, 2011; Álvarez Leguizamón, 2015).
Los distintos actores intervinientes pueden influir en diversas instancias del proceso (Shore, 2010), mostrando cómo esta configuración hegemónica puede ceder ante la capacidad de agencia de los colectivos. En este sentido, se resalta la importancia de enfoques de las políticas públicas que revaloricen y promocionen problemáticas, modos de producción, relación con el territorio,
saberes, entre otros aspectos de las poblaciones locales (Manzanal, 2017, p. 27).
Macarena Del Pilar Manzanelli, María Paula Milana
Las políticas de desarrollo territorial destinadas a sectores históricamente subalternizados, exhiben ambigüedades e identifican aspectos atendibles dada la conflictividad inherente a dichas políticas y la desigualdad simbólica y material estructural entre poblaciones y actores dominantes (Manzanelli, 2021). Estos enfoques recurren a la geografía crítica para situar al territorio como espacio vivido y heterogéneo, sensible a las acciones y resignificaciones de los distintos actores participantes, inserto en relaciones asimétricas de poder y dominación, y en lógicas más amplias de planificación y ordenamiento neoliberales y extractivistas (Manzanal, 2017; Saquet, 2021).
Materiales y métodos
En ambas investigaciones se partió de una metodología cualitativa, siguiendo el enfoque de la etnografía colaborativa y comprometida, entendida como los modos singulares y colectivos que adquiere la práctica de relacionamiento entre investigadores/as e interlocutores desde el inicio del trabajo de campo hasta el informe final, incluyendo las actividades que se realizan en conjunto (Lassiter, 2005; Katzer y Samprón, 2011). Este enfoque resalta el aspecto experiencial, vivenciado y sensible de la investigación y del trabajo de campo donde no solo intervienen aspectos descriptivos y explicativos, sino también afectivos. Así, el proceso resulta de múltiples situaciones donde se entretejen percepciones, emociones, deseos, y expectativas. Antes que técnicas y herramientas, las prácticas etnográficas colaborativas implican procesos dinámicos donde se toman estrategias de construcción de conocimiento mediadas por los compromisos con los colectivos y personas que se acompañan. Este abordaje situado habilita
acciones conjuntamente planificadas, buscando acercar respuestas adecuadas a demandas locales, así como construir preocupaciones públicas comunes, en muchos casos generando diagnósticos y recomendaciones para la implementación de políticas (Katzer, 2019). 2
La singularidad de esta labor etnográfica implicó participar en los proyectos mediante una articulación inter-institucional entre los lugares de trabajo y aquellos responsables de la ejecución de cada proyecto, con trabajo de campo antropológico in situ durante su implementación, incluyendo entrevistas y conversaciones informales con técnicos, comuneros y referentes de organizaciones indígenas. Esto fue complementado con el relevamiento y análisis de distintas fuentes documentales (producciones académicas, documentación y normativas vinculadas).
2 Las reflexiones teórico-metodológicas de las autoras se enriquecen del Grupo de Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Antro- pología (ALA) “Antropología de la biopolítica: etnografías colaborativas: intermediaciones históricas y contemporáneas”.
Para la contextualización y abordaje de ambos proyectos se diferenciaron tres niveles analíticos que, en conjunto, permiten recomponer una perspectiva territorial: (1) macro, considera configuraciones de poder político-económicas e institucionales mayores, permeadas por modelos de desarrollo extractivistas por desposesión en los territorios (Saquet, 2021; Harvey, 2005); (2) meso, incluye condiciones sociales, culturales, económicas, políticas que se despliegan en una región y que influyen en las metas de desarrollo fijadas, reorientando las políticas; y (3), micro, abarca instancias de participación y negociación local –acciones, sociabilidades, dinámicas cotidianas, técnicas, conocimientos, saberes y sentires– en articulación con prácticas y lenguajes del resto de actores. La diferenciación de estos niveles permite tensionar las características de las políticas con las problemáticas propias de los espacios sociales concretos, enfatizando en la singularidad del territorio, que requiere tener en cuenta procesos y actores situados.
En el caso del proyecto TICCA, el trabajo de investigación se realizó junto con el equipo apicultor de la comunidad Pueblo Tolombón (departamento de Trancas, valle de Choromoro, Tucumán, con reconocimiento formal de personería jurídica y relevamiento territorial), en las bases territoriales Potrero, Gonzalo, Rearte Sur y Tacanas Chicas. Pueblo Tolombón, territorio de 45.000 hectáreas, cuenta con 340 familias. El equipo apicultor, a cargo de la implementación del proyecto, se conformó en 2021 con doce comuneros de las bases territoriales Potrero, Gonzalo, Rearte y Tacanas Chicas, mayormente varones adultos y jóvenes (Manzanelli y Velardez, 2023). La investigadora lleva un trabajo de investigación desde el año 2017 con dicha comunidad iniciado por su tesis doctoral por una beca de CONICET. En torno al seguimiento del proyecto TICCA, el trabajo de campo implicó dos viajes por año desde 2021 a 2023, con participación en los encuentros del equipo apicultor –armado de cajones, almuerzos, capacitaciones y salidas al campo a “levantar” colmenas-. En los recorridos y encuentros se realizaron entrevistas y registros de actividades, las cuales fueron empleadas como antecedentes en presentaciones judiciales, en otros proyectos y para difundir información ante nuevos conflictos.
Por su parte, la experiencia del PISEAR tuvo lugar en la comunidad Pucará San Roque (con personería jurídica provincial y nacional reconocidas en 2001), paraje El Perchel, al cual se accede por un camino precario a 25 km de la cabecera del departamento Santa Victoria (provincia de Salta). El proyecto fue presentado y ejecutado entre 2019 y 2023 mediante técnicos idóneos de la Secretaría de Agricultura Familiar e Indígena (SAFCI), luego INAFCI, en el marco de una convocatoria titulada Plan de Acceso al Agua, con el objetivo de habilitar el acceso al agua corriente en un sector de la localidad sin descuidar el fortalecimiento organizacional. El interés en la iniciativa radica en haber dictado el primer taller de reflexión sobre equidad de género en la localidad a fines de 2022, en el marco de otras actividades de investigación que la autora lleva a cabo desde el año 2014 en la zona, muchas de ellas sistematizadas en su tesis doctoral (2019). Incluyó la realización de trabajo de campo antropológico antes y después del taller, con registros de las actividades y conversaciones informales con los pobladores, así como entrevistas a dos técnicos idóneos, tratándose de insumos que aportaron a la realización del informe técnico que fue elevado al INAFCI mediante una colaboración institucional con el CONICET.
La selección de ambos proyectos se debe a tres motivos. En primer lugar, ambos comparten la gestión de tópicos de intervención como el manejo territorial y su desarrollo, mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones destinatarias en el NOA, las cuales se encuentran en territorios denominados rurales, sustentabilidad de sus economías de producción, incluyendo la viabilidad ambiental. En segundo lugar, la implementación en ambos casos se dio en contextos de conflictos territoriales derivados de la falta de acceso a los derechos de propiedad comunitaria indígena, el incumplimiento del relevamiento territorial (Ley Nacional N° 26.160) y la dilación de los litigios en curso. En el caso del PISEAR, la comunidad forma parte de una demanda colectiva –en trámite actualmente– de reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria, así como de daños y perjuicios, iniciada en 2012 contra el Estado nacional y provincial junto a cuarenta comunidades indígenas del departamento.
En tercer lugar, ambos proyectos poseen relevancia institucional en los territorios y poblaciones implementadas. El caso del proyecto TICCA resulta representativo ya que es un proyecto internacional que aglutina dichos tópicos bajo esa nueva categoría. Su importancia radica en que es el primer proyecto de esta índole en implementarse en la provincia de Tucumán y también en la comunidad Puebl3o Tolombón de
modo participativo, luego de años de conflictos territoriales y judicialización de los mismos. Por su parte, el proyecto PISEAR fue el último ejecutado por el INAFCI en el Departamento Santa Victoria, y buscó responder a una demanda de la misma comunidad, mediada por sus técnicos idóneos y asegurar un derecho fundamental como el acceso al agua.
Resultados y discusión
Macarena Del Pilar Manzanelli, María Paula Milana
En 2019 en Argentina se realizó una convocatoria de proyectos TICCA, mediante el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, para que Organizaciones de Base de pueblos originarios de Argentina presentaran propuestas para fomentar DTR en sintonía con la conservación de la bioculturalidad. Pueblo Tolombón se presentó con el proyecto titulado “Resguardo de la diversidad biológica del territorio de la comunidad indígena del Pueblo Tolombón, Nación Diaguita, Tucumán”. Para presentar el proyecto, la comunidad debió responder a los requisitos institucionales instaurados en 2016 cuando el PPD en Argentina realizó un trabajo base de identificación de TICCAs. TICCA ha obtenido distintos significados de acuerdo con los territorios intervenidos y la participación de las poblaciones locales: desde “Territorios Indígenas de Conservación” (debatido en el Foro Indígena de Áreas Protegidas de América Latina y El Caribe, 2007), “Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales” (II Congreso Regional de Parques Nacionales
y Otras Áreas Protegidas de América Latina y El Caribe, 2007) a “Territorios de vida” (implementación desde 2016 en Argentina) (Cowan Ros y Alba, 2021).
Por ello, un primer eje de análisis fueron los criterios de inteligibilidad de los proyectosTICCA, en los cuales subyacen nociones de DTR y de las poblaciones objetivo. Estos fueron: la existencia de una comunidad indígena que demuestre vínculo y autorreconocimiento del área-territorio con prácticas de mejora de la naturaleza, alternativas económicas ambientalmente sustentables y una organización con capacidad decidir sobre el área (gobernanza) (Estrategia de implementación de la iniciativa TICCA en Argentina) (Manzanelli y Velárdez, 2023). Se añade, como se apreció en sucesivos espacios institucionales -documentos, reuniones formales de los TICCA entre Equipo de Acompañamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Coordinación TICCA en Argentina y las comunidades con proyectos-, que las comunidades originarias participantes fueron interpeladas como “custodias de los TICCA” y “guardianes ambientales” por sus aportes culturales-tradicionales al cuidado del medio ambiente y la biodiversidad.
3 La categoría TICCA surge en 2008 inserta en una gubernamentalidad internacional de desarrollo sustentable con perspectiva de Dere- chos Humanos. Clasifica territorios y áreas naturales caracterizados por “valores significativos de biodiversidad, beneficios ecológicos y culturales conservados por pueblos indígenas y comunidades locales a través de conocimientos, innovaciones, prácticas y otros medios efectivos” (TICCA, 2021).
La comunidad, así, trabajó en la formulación del proyecto traduciendo sus necesidades comunitarias en objetivos formales en concordancia al lenguaje institucional de los TICCA: “promover autonomía y autodesarrollo de la comunidad” y “evitar el desarraigo territorial de jóvenes” en restaurar el bosque nativo, mejorar la organización comunitaria y capacitarse en apicultura para optimizar su calidad de vida
-desde el autoconsumo, a generar excedentes con acceso a formas de mercadeo, elaboración de productos alimenticios y artesanales- (TICCA, 2021).
Interesó, también, conocer el porqué de la selección del proyecto TICCA por parte de la comunidad. Diversos comuneros/as y autoridades valoraron que los proyectos TICCA se ejecutaban sin mediación de las provincias: “se trata de fondos directos hacia las organizaciones sin intervención de las reparticiones con las provincias [que] se traban” (Comunicación comunero, Base Potrero, julio 2021). El énfasis en la no intermediación de las provincias para ejecutar los fondos radica en antecedentes negativos en la relación entre la comunidad y la provincia: falta de una Consulta Previa, Libre e Informada, el mal uso de los fondos y la agudización de conflictos territoriales que, para Pueblo Tolombón, responde a la connivencia entre el poder de las familias terratenientes con el poder judicial/político de la provincia de Tucumán (Manzanelli, 2021), acrecentada entre 2015 y 2019.
Un segundo eje de análisis fue cómo el equipo apicultor resignificó categorías, objetivos y alcances del proyecto durante la implementación del proyecto. Un primer punto fue indagar qué entendían los/as comuneros/as por la categoría TICCA. Durante los encuentros se pudo contemplar que no se encontraban familiarizados/ as con el concepto. No obstante, al compartir jornadas de armado de cajones y de recuperación de colmenas sobresalieron narrativas que enfatizaron en la importancia de desarrollarse en su territorio sin dañar el bosque nativo y en identificar que su rol como pueblos originarios organizados ha sido el de “custodios”, “guardianes de arroyos y montañas con plantaciones nativas sin químicos” (Comunicación con comunero, base Tacanas Chicas, enero 2022).
También resonó la idea de TICCA como “Territorios de vida”, terminología incluida en el lenguaje empleado por los proyectos que, para el equipo apicultor, remitía a prácticas territoriales comunitarias (recolección de miel, siembra, cuidado de ganado, pastoreo, recolección de leña, entre otras), y a la defensa del territorio y de la vida. El equipo apicultor señaló que junto con las prácticas territoriales se transmiten conocimientos, saberes y memorias de generación en generación -usos medicinales de plantas nativas que involucran a comuneros mayores en relación con las abejas-. Asimismo, destacó una experiencia de armado de apiarios de abejas en la base de Rearte (2023) con presencia de conflictos territoriales: situaron el apiario en un cerco de siembra que se encontraba en desuso desde hace unos años por los históricos litigios entre la familia de un miembro del equipo y el terrateniente López de Zavalía. Producto de instalar el apiario allí, el comunero apicultor (también autoridad de base) y su familia, recibieron notificaciones por parte del terrateniente instigando a retirar las colmenas caso contrario, las quemaría.
Un segundo punto consistió en indagar en uno de los objetivos del proyecto, generación de emprendimientos para la venta de miel, donde se articularon lógicas de comercialización y prácticas de autoabastecimiento de comuneros. Desde el grupo apicultor surgieron interrogantes en torno a producción y venta. Luego de la primera cosecha de miel se debatió sobre el modo de alimentación de las abejas: si con almíbar, lo cual conllevaba una mirada productivista dado que la alimentación era más redituable que dejándole a la abeja parte de su producción de miel; o desde una mirada de cuidado hacia las abejas, es decir, proveyéndoles su propia miel. Los/as comuneros/as indicaron que hasta ese momento: “no habíamos pensado en hacer número” (Comunicación con comunero, base Gonzalo, enero 2023) ni se encontraban totalmente familiarizados con aspectos comerciales. Si bien eran conscientes de los beneficios de la venta de miel, por el momento, se consideraba secundaria. El equipo rescató el haber formado grupo, generar intercambios y escucha con otros miembros de la comunidad.
Por último, se resalta que, a partir de este proyecto, Pueblo Tolombón conformó la Red TICCA (noviembre 2021) entre los 18 proyectos vigentes en ese momento, para constituir un espacio político de defensa del territorio y cumplimiento del marco de derecho indígena.
El Proyecto de Inclusión Socio-económica en Áreas Rurales (PISEAR) fue financiado parcialmente por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) desde fines de 2015, abarcando distintas regiones de Argentina como el NOA, priorizado por su alto nivel de pobreza rural, su precaria infraestructura, y la concentración de pequeños productores y pueblos originarios. Con el objetivo de “aumentar la inclusión socio-económica de las familias rurales pobres”, el PISEAR propuso tres líneas de acción:
(a) fortalecimiento de capacidades asociadas a la organización, planificación y gestión para reducir la pobreza; (b) mejoramiento de infraestructura y servicios comunitarios; (c) implementación de un modelo de desarrollo piloto de formas sostenibles de acceso a los mercados (MAGyP, 2019, 3-4). Estas líneas definen cuatro componentes: (1) desarrollo de capacidades, mediante asistencia técnica para formular subproyectos y promoción de derechos; (2) mejora de condiciones de vida en zonas rurales, mediante inversiones a demanda, acceso a infraestructura y servicios públicos; (3) acceso sostenible a mercados, mediante alianzas productivas bajo acuerdos comerciales, financiamiento e inversiones destinadas a unidades familiares y gastos operativos, contemplando contraparte; (4) gestión del proyecto, con asistencia operativa de niveles central y provincial.
Para postular al subproyecto, la comunidad debía responder a los requisitos establecidos, por lo que un primer nivel de análisis implicó esclarecer los criterios de elegibilidad, basados en cierta carencia económica y delimitaciones espaciales. Al respecto, los grupos de productores familiares deben residir en ámbitos rurales y tener ingresos familiares provenientes de la producción agropecuaria e inferiores al doble del salario anual
del peón rural, y sus unidades de producción deben cumplir con estos requisitos: tener una superficie bajo riego mejor a las 5 hectáreas, tractor –si poseen– con más de 15 años, ganado menor a las 100 cabezas, mano de obra contratada –si se contrata– estacional. Para trabajadores rurales, los criterios son similares. Como en este caso se trataba de comunidad originaria, se requería además poseer una personería jurídica otorgada o en trámite, nacional o provincial.
Macarena Del Pilar Manzanelli, María Paula Milana
En el caso del Perchel, la problemática planteada fue la falta de agua corriente que conducía a las familias a acarrear agua manualmente desde una vertiente a 5 km de distancia. Se caracterizaron los ciclos de producción, uso de tecnología y modos de comercialización destinados al autoconsumo o trueque. En relación a la producción, la problemática identificada fue el bajo estímulo a las actividades productivas, principalmente en familias jóvenes, debido a la falta de agua de riego para sus parcelas o corriente eléctrica, incidiendo en la migración por trabajo de varones a Salta y Jujuy. Como correlato, estas cargas de la actividad productiva recaen sobre las mujeres y las personas mayores que se quedan en el lugar.
Considerando esta caracterización, el objetivo del subproyecto fue construido por los técnicos y referentes de la comunidad como el de garantizar el derecho fundamental de acceso al agua a través de la creación de una red comunitaria de agua corriente a domicilio. En la dimensión ambiental, alcanzar este objetivo expresaría un “intento de adaptación” al cambio climático. Asimismo, al especificar cómo se daba la división intrafamiliar de tareas productivas, se reconocía que las mujeres realizaban la mayoría de las tareas domésticas, acarreo de agua, cuidados y pastoreo, mientras que los varones se dedicaban a tareas de labranza de la tierra, cuidado de bovinos, y toma de decisiones en el ámbito público. Por ello, se enunció que los cambios esperados conllevarían una distribución más equitativa de tareas y roles domésticos y agrícolas, siendo una temática a trabajar en talleres de género en el proyecto.
El segundo nivel de análisis estuvo vinculado a la perspectiva de género, con la finalidad de valorar roles y tareas cotidianas, fomentando una mayor participación política de mujeres y jóvenes. Aquí
se prestó colaboración para realizar un primer taller de reflexión sobre equidad de género en el salón de la comunidad de Pucará. Este, realizado en el transcurso de la implementación del proyecto, incluyó no solo a las familias beneficiarias sino a toda la comunidad. El taller comenzó con un ejercicio para generar confianza y mapear las distintas tareas según roles de género, donde cada participante daba su nombre, edad, situación conyugal e hijos, ocupaciones diarias y cuál de ellas era la que más le gustaba hacer. Luego se formó un grupo de mujeres y otro de varones para dibujar siluetas de varón/mujer en un afiche y asignarles palabras correspondientes a sentimientos, emociones y tareas que ya estaban escritas en tarjetas de colores. La mayoría de las tarjetas fueron ubicadas en el centro, reflejando las tareas compartidas, mientras que el resto fue asignado a las mujeres, dejando a los varones sin tareas específicas.
En cuanto a la dinámica, la primera dificultad fue el desconocimiento del propósito del taller. La fragmentación del subproyecto también limitó la participación, ya que la mayoría había concurrido por el mismo o para avanzar con algo similar. Otra dificultad estuvo asociada a la incomodidad de las mujeres para presentarse y participar:
debían encargarse del almuerzo comunitario, por lo que hubo que esperar, mientras que otras habían concurrido temprano y luego estaban apuradas por irse. Cuando debían hablar, muchas se levantaron de la silla y salieron de la sala: se presentaron 4 mujeres de 13, mientras que 14 varones ya se habían presentado. La disposición de las mujeres en una esquina del salón, en tanto los hombres permanecían sentados adelante, dio cuenta de que ellos son quienes más lo habitan. Finalmente se dio cierre a la actividad mixta y se invitó a las mujeres a quedarse en el salón, donde identificaron dificultades de participar en las reuniones derivadas de sus tareas cotidianas, así como la poca valoración de sus roles, la menor realización de tejidos y de trabajo con la tierra, del desuso de plantas medicinales locales... Aludieron a la motivación mutua para reunirse, conformar un grupo de mujeres y avanzar en la creación de proyectos de invernaderos, espacios para tejer, bordar, agua para mejorar la siembra y cosecha de sus productos. Posteriormente se realizó otro taller, a cargo de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, además de actividades con la estación Abra Pampa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y las instituciones locales.
Discusión
Las experiencias de los proyectos TICCA y PISEAR fueron descriptas y analizadas poniendo de relieve criterios de elegibilidad y modos de interpelación a las poblaciones indígenas, así como las formas en que dichas poblaciones intervienen en su implementación, sin descuidar limitaciones y potencialidades. A nivel macro, el análisis se centró en contextualizar cómo los proyectos se insertaron en dispositivos de DTR y de reconocimiento formal de poblaciones subalternizadas desplegados durante las últimas dos décadas en el NOA. Se evidenció cómo ambos proyectos, por un lado, reproducen modos de definir al desarrollo bajo esta mixtura de categorías, tal como se mostró en la genealogía de proyectos de DTR de la última
década. Entre las categorías se encuentran: inserción productiva-social, con soluciones a las faltas materiales atribuidas, sustentabilidad y conservación ambiental. Por otro, evidencian modos de definir a la población objetivo y de nombrar problemáticas bajo esquemas prefijados de inclusión y/o tolerancia folclorizada, a pesar de los reconocimientos formales a la diversidad y de los enfoques de desarrollo endógeno- participativo (Álvarez Leguizamón, 2015; Marcos, 2019).
El caso del TICCA se insertó en proyectos que combinan el reconocimiento de la inequidad simbólica-material rural, abordajes desde una lógica productiva y de inserción comercial al
mercado de dichas poblaciones y narrativas basadas en una correspondencia de índole indigenista-conservación ambiental (Trentini, 2011). La participación de poblaciones originarias en áreas naturales-rurales con actividades económicas de subsistencia es legitimada por la valoración estatal positiva que otorgan las condiciones culturales de sus medios y modos de vida tradicionales sostenibles para conservar la biodiversidad. Pueblo Tolombón también cumplió con los criterios de clasificación inteligible estatal para ser avalada como destinataria-beneficiaria del proyecto: una comunidad indígena rural con personería jurídica ante el INAI en un área-territorio natural con bosques nativos, con antecedentes de correspondencia cultural- territorial de conservación del ecosistema como la recolección de miel; es decir, “custodia de los TICCA”, “guardián ambiental” y “resiliente al cambio climático”.
El caso del PISEAR se caracteriza por la dificultad para formularlo, cumplir con los requisitos y disponer de la documentación actualizada, como la de reconocimiento de personería jurídica que se exige en el caso de las comunidades, junto a la documentación bancaria que resulta difícil de conseguir por los propios tiempos burocráticos de las instituciones, por la lejanía con respecto a los territorios y la falta de conectividad. Esto tiene un soporte en el otorgamiento del financiamiento, que también revela demoras y, en contextos inflacionarios, limita los alcances de toda mejora que se quiera hacer en el espacio. En lo que respecta a la equidad de género, su abordaje muestra variadas limitaciones, porque si bien permite nombrar y problematizar un conjunto de situaciones y condiciones que afectan a las mujeres, estas requieren abordajes integrales, de largo plazo, adecuados y concretos.
A nivel meso -condiciones socioculturales, económicas, políticas y territoriales que caracterizan un territorio y que influyen en las metas de desarrollo fijadas-, se evidencia que estos proyectos en tanto prácticas de gobierno discursivas y extradiscursivas se sitúan en escenarios de fuerte desigualdad. Así, un análisis de las políticas públicas de territorio y desarrollo debe considerar las relaciones asimétricas de poder particulares en las cuales las poblaciones-
objetivo se enmarcan (Manzanal, 2017). Lo dicho resulta paradójico ante un amplio marco normativo indígena y estrategias de desarrollo territorial locales que refrendan positivamente la relación directa entre diversidad cultural, saberes tradicionales, usos sustentables territoriales y conversación. Dicha conflictividad ha incidido en la baja participación indígena en proyectos y las dificultades para su ejecución in situ. Ambos proyectos se insertan en contextos locales de conflictividad entre pueblos originarios y familias terratenientes, incumplimiento del derecho indígena y connivencia del poder político-judicial con las provincias. Por ello, Pueblo Tolombón valoró que en la convocatoria a proyectos TICCA las provincias no interviniesen en la ejecución de los fondos.
Macarena Del Pilar Manzanelli, María Paula Milana
En el caso del proyecto PISEAR, en Santa Victoria Oeste, la limitación relativa a la falta de títulos comunitarios de la tierra en toda la extensión del departamento y los litigios desde el año 2013, de reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria del territorio, afectó al proyecto ya que en sus últimas instancias de presentación los técnicos a cargo se encontraron con cierta reticencia a aceptar su postulación, debido a la falta del título, para lo cual se debió recurrir a documentos estatales y modificar el proyecto, especificando entre otras cosas que las instalaciones no serían fijas sino “móviles”, en caso de que los aparentes dueños los expulsaran del territorio (M.D. técnico territorial, conversación, abril 2024). En este punto cabe resaltar el rol de los/as técnicos/as, en la medida que puede habilitar al mismo tiempo prácticas no monopólicas, así como desiguales (Manzanal, 2017, p. 28).
Por lo tanto, a nivel macro y meso, se evidencia que estos modos de interpelación, basados en el reconocimiento de carencia de dichas poblaciones, económica-productiva y/o cultural tradicional en línea con la conservación de la naturaleza, solapan dificultades, delimitan y prefijan la canalización de las demandas locales. Así, coincidimos con la observación de Villareal (2018) de que programas como PISEAR y TICCA reflejan un abordaje de la denominada “inclusión” en tanto creación y fortalecimiento de capacidades para incrementar ingresos mediante
la inserción de las poblaciones en el mercado formal, sin atender a cuestiones estructurales clave: conflictos territoriales, “el acceso desigual a bienes (tierra agua); la organización de dichos sectores subalternizados en las políticas públicas; las implicancias sociales de esa exclusión y de las estrategias tomadas para su pretendida inclusión” (2018, p.9).
A nivel micro se consideraron las articulaciones y praxis políticas de los colectivos organizados para llevar adelante la gestión de los proyectos. En concordancia con el planteo de que las configuraciones hegemónicas (políticas gubernamentales) no son omnipresentes, se identificaron potencialidades que conducen a la política colectiva surgida del quehacer de las comunidades con saberes y dinámicas territoriales propias. Pueblo Tolombón y la Comunidad Aborigen Pucará han permeado sus demandas en torno a la defensa del territorio en función de los objetivos explícitos presentados en los proyectos ligados a las categorías de desarrollo más amplias.
En el proyecto TICCA, se valora la capacidad política-institucional de comuneros y comuneras para adecuar sus necesidades territoriales al lenguaje formal de los TICCA, reconvirtiéndolo (a TICCA en tanto dispositivo gubernamental legitimado) en un antecedente importante frente a los conflictos y causas judiciales. Ejemplo in situ es la decisión del equipo apicultor de establecer
un apiario en la base de Rearte en un cerco de siembra que ya contaba con litigios entre la familia del comunero apicultor y terratenientes de la zona. Asimismo, en la práctica, el proyecto fue más allá de los objetivos adecuados a categorías de inclusión y conservación ambiental-indígena. En este proceso emergieron espacios de intercambio no prefijados donde la comunidad pudo afianzarse. Así, si bien la categoría TICCA no les era familiar, sí lo fue el término “Territorio de vida” estrechamente vinculado con su necesidad de “autodesarrollo”. También se destaca la capacidad de comuneros/as de formar parte de la Red TICCA como espacio político amplio de defensa del territorio y cumplimiento del marco de derecho indígena, más allá de la ejecución de los proyectos en sí.
En cuanto al PISEAR, se destaca el rol de técnicos idóneos. En algún momento previo, durante asambleas y reuniones comunitarias, se “generan necesidades” que traducen las categorías de los dispositivos y las resignifican. Estas iniciativas son conversadas y compartidas con los técnicos idóneos, que son quienes permanecen atentos a las posibilidades de financiamiento. Así, más allá de las limitaciones enunciadas, se consideran importantes “para mejorar un poquito la calidad de vida de nuestras comunidades” (M.D. técnico territorial, conversación, abril 2024). Hasta el momento, este proyecto fue el último que se logró ejecutar en la zona.
Conclusiones
Luego del análisis de los casos en sus tres niveles, se concluye que los proyectos TICCA y PISEAR, reflejan una serie de ambigüedades: por un lado, sus discursos combinan nociones del desarrollo territorial rural sustentable de cuidado ambiental, mientras que, por el otro, se despliegan mediante prácticas de intervención que deben lidiar en escenarios de conflictos territoriales acompañados de incumplimiento del derecho indígena. A estas narrativas institucionales de
desarrollo territorial rural inclusivo le subyacen modos de participación con sesgos paternalistas y folclorizados que moldean sus demandas. No obstante, también se observan potencialidades provenientes de la agencia de los pueblos involucrados, quienes han resignificado dichos proyectos mediante quehaceres, dinámicas territoriales y articulaciones comunitarias, yendo más allá de sus objetivos institucionales en pos de la defensa de los modos de vida en el territorio.
Considerando la mirada situada de las políticas de desarrollo, el análisis realizado resalta la importancia y potencialidad de las instituciones destinadas a promover y garantizar el desarrollo territorial, mediadas por personas y colectivos con sus críticas y demandas; especialmente ante contextos de desarticulación de instituciones y políticas estatales estrechamente relacionadas con los proyectos en cuestión, como lo muestra la actual gestión del gobierno nacional en Argentina. Finalmente, en este tipo de trabajos donde el territorio, desarrollo y su gestión son tópicos
centrales, el abordaje epistemológico/práctico relativo a una mirada multidimensional del territorio, inserto en relaciones asimétricas de poder y al campo de las etnografías colaborativas y comprometidas, se presta como un enfoque fructífero para potenciar procesos de desarrollo participativos y autónomos. Desde allí se pudo identificar que el accionar colectivo de las poblaciones resulta indispensable para poder atender los desafíos pendientes de las políticas de desarrollo territorial desde enfoques colaborativos y sustentables.
Macarena Del Pilar Manzanelli, María Paula Milana
Agradecimientos
Este artículo es resultado del trabajo en conjunto con pueblos y organizaciones indígenas Qullamarka, Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN), Warmis de Nazareno, comunidad de Pucará y Pueblo Tolombón; técnicos del ya inexistente Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI); de intercambios y aprendizajes del Grupo de Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) “Antropología de la biopolítica: etnografías colaborativas: intermediaciones
históricas y contemporáneas” y evaluadores; y de financiamientos otorgados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y el proyecto de investigación CyTMA2 C2DER-076, proveniente del Programa de la Investigación Científica, Transferencia de Tecnología e Innovaciones de la Universidad Nacional de la Matanza con apoyo la de Secretaría de Políticas Universitarias mediante la Resolución N°582/2022.
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